Tribunal metodista ratifica cierre de iglesia hispana

Puntos Clave: 

  • El Concilio Judicial dictaminó que líderes de la Conferencia Anual California-Pacífico cumplieron con la normativa denominacional en el marco del polémico cierre de una iglesia.
  • A principios de este año, la conferencia cerró una pequeña iglesia en el este de Los Ángeles, California que había suscrito un acuerdo multimillonario para arrendar sus terrenos destinados a la construcción de viviendas asequibles.
  • La conferencia manifestó su preocupación respecto a si los fondos contaban con la supervisión adecuada y decidió intervenir para proteger los bienes de la denominación.
  • En una opinión concurrente, miembros del máximo tribunal de La Iglesia Metodista Unida expresaron inquietudes sobre un aspecto de la disposición relativa al cierre de iglesias. Dichas inquietudes no alteran el resultado de este caso.

La Conferencia Anual California-Pacífico cumplió con la normativa denominacional al proceder al cierre de emergencia de una iglesia en el este de Los Ángeles, California según dictaminó el máximo tribunal de La Iglesia Metodista Unida (IMU) en una resolución dada a conocer el 18 de noviembre.

No obstante, un voto concurrente suscrito por los cinco miembros del clero que integran el Concilio Judicial, compuesto en total por nueve personas, planteó inquietudes respecto a la propia disposición que regula el cierre de iglesias.

El Concilio Judicial en la Decisión 1526 examinó las respuestas de la Obispa Dottie Escobedo-Frank a las preguntas planteadas durante la Conferencia Anual California-Pacífico de este año, relativas al cierre en circunstancias apremiantes, de la Iglesia Metodista Unida La Trinidad.

Los/as obispos/as se enfrentan habitualmente a preguntas de derecho durante las sesiones que presiden. El Libro de Disciplina, manual normativo de la denominación, establece que toda decisión de derecho tomada por un/a obispo/a debe someterse a la revisión del Concilio Judicial. “Se ratifican las decisiones jurídicas sobre las seis preguntas presentadas a la Obispa” determinó el tribunal eclesiástico en la Decisión 1526.

“La Conferencia Anual California-Pacífico siguió correctamente los requisitos del Párrafo 2549.4(b) del Libro de Disciplina de la denominación” señaló la decisión. Dicha disposición disciplinaria regula el cierre de iglesias en circunstancias “exigentes”, es decir, apremiantes.

El fallo se produce después de que el Concilio Judicial celebrara una audiencia oral en línea el 22 de octubre y decidiera extender sus deliberaciones hasta el 16 de noviembre. La decisión del Concilio Judicial también se da en un contexto en el que diversas demandas relacionadas con disputas sobre propiedades de La Iglesia Metodista Unida están siendo tramitadas en tribunales civiles de todo Estados Unidos. Entre estos litigios, uno de los de mayor repercusión es el que involucra a la destacada congregación Highland Park en Dallas, Texas donde cerca del 90% de los/as miembros con derecho a voto respaldaron recientemente la ruptura de sus vínculos con la denominación.

Al resolver temas jurídicos de esta índole, los jueces de los tribunales civiles suelen remitirse a las resoluciones del Concilio Judicial de la denominación.

Lo que se debatía en este caso era la forma en que los/as líderes de la Conferencia Anual California-Pacífico gestionaron el cierre y la disposición de los bienes de La Trinidad, una congregación que por generaciones ha desarrollado su labor pastoral entre la comunidad hispana del este de Los Ángeles, California.

En 2023, la pequeña congregación llegó a un acuerdo para arrendar su propiedad con el fin de desarrollar viviendas asequibles para personas mayores, conservando al mismo tiempo un espacio para el culto dentro del recinto. En total, la iglesia recibiría 3,3 millones de dólares en virtud del contrato de arrendamiento del terreno.

Sin embargo, el liderazgo de la conferencia comenzó a preocuparse cada vez más por la falta de supervisión de los fondos. La asistencia a los cultos disminuyó hasta un promedio de 10 personas y cuando en julio de 2025 se nombró a un nuevo pastor para la iglesia, esta no aprobó inicialmente su salario ni su paquete de beneficios; por lo que durante dos meses, el pastor tuvo que recurrir al Distrito Oeste de la conferencia para recibir su remuneración. La conferencia señaló también que algunos/as miembros de la iglesia, debidamente elegidos/as, fueron excluidos/as de la toma de decisiones de la congregación.

Líderes de la conferencia y del distrito señalaron que tampoco recibieron los registros financieros solicitados sobre el destino de los fondos iniciales que la iglesia obtuvo mediante su contrato de arrendamiento. La situación llegó a un punto crítico en diciembre de 2025, cuando venció el pago final del arrendamiento por un monto de 3,1 millones de dólares. La conferencia indicó que gestionó la obtención del cheque físico para retenerlo en sus oficinas, mientras trabajaba en medidas para salvaguardar dichos fondos. Sin embargo, en enero de este año los/as miembros de la iglesia hicieron los arreglos necesarios para que la empresa encargada del depósito en garantía anulara el cheque, y en su lugar transfiriera los 3,1 millones de dólares a una cuenta en una cooperativa de crédito.

Fue entonces cuando líderes de la conferencia iniciaron el proceso para cerrar la congregación bajo “circunstancias apremiantes”, y la conferencia presentó una demanda ante un tribunal civil para recuperar aproximadamente 3,1 millones de dólares y, hasta la fecha, ha logrado recuperar cerca de 2,8 millones de dólares. De esos fondos, cerca de 2 millones de dólares se encuentran actualmente en una cuenta de la Fundación California-Pacífico, destinada al apoyo a largo plazo de los ministerios hispanos en el este de Los Ángeles.

La conferencia depositó los 800.000 dólares restantes en una cuenta de una cooperativa de crédito, con fines que incluían cubrir obligaciones pendientes de iglesias locales, apoyar el liderazgo pastoral y financiar un nuevo ministerio hispano denominado “Nueva Esperanza”. Esta nueva congregación misionera está a cargo del mismo pastor que anteriormente fue asignado a La Trinidad.

La vivienda asequible para personas mayores sigue en proceso de desarrollo.

Gran parte de la audiencia oral versó sobre la destitución de cargos eclesiásticos y el proceso judicial civil en curso. No obstante, el Concilio Judicial señaló que su cometido principal consistía en examinar las cuestiones de derecho eclesiástico planteadas. “Por tanto, la función del Concilio Judicial abarca la revisión de los procedimientos, a fin de determinar si una parte de la Iglesia ha cumplido con los requisitos aplicables” indicó la resolución.

Los requisitos aplicables se encuentran en el Párrafo 2549.4(b) del Libro de Disciplina, el cual establece que en cualquier momento entre las sesiones de la conferencia anual, los/as líderes de la conferencia incluidos/as el/la obispo/a, la mayoría de los/as superintendentes de distrito y la junta de distrito correspondiente encargada de la ubicación de las iglesias “pueden, a su entera discreción, declarar la existencia de circunstancias apremiantes que requieran la protección inmediata de los bienes de la iglesia local, en beneficio de la denominación”.

La misma disposición añade que ante un cierre de esta naturaleza “la titularidad de todos los bienes, tanto muebles como inmuebles, tangibles e intangibles de la iglesia local pasará de inmediato a la junta directiva de la conferencia anual, la cual podrá retener o disponer de dichos bienes a su entera discreción, con sujeción a cualquier norma vigente de la conferencia anual”.

El Libro de Disciplina también establece que en su próxima reunión, “la conferencia anual decidirá si se cierra formalmente la iglesia local”.

El tribunal eclesiástico concluyó que en este caso, se llevaron a cabo todos esos pasos, y en junio de este año tras un debate en la asamblea de la conferencia, la mayoría de los/as miembros de la Conferencia Anual California-Pacífico votó a favor del cierre de La Trinidad.

Por lo tanto, el tribunal eclesiástico dictaminó que la conferencia cumplió con los requisitos del derecho eclesiástico.

Anteriormente, el Concilio Judicial dictaminó que el Párrafo 2549.4(b) contiene salvaguardas, entre ellas el requisito de que varios/as líderes de la conferencia den su visto bueno al cierre provisional y que la conferencia anual, en su conjunto, apruebe el cierre formal. En este caso, el tribunal eclesiástico concluyó que la Conferencia Anual California-Pacífico aplicó dichas salvaguardas.

En decisiones anteriores el Concilio Judicial ha dictaminado que la disposición de la denominación relativa al cierre de iglesias no puede utilizarse como una vía indirecta para permitir que las congregaciones abandonen la denominación conservando sus propiedades. Dichas decisiones siguen vigentes, señaló el tribunal eclesiástico.

La resolución indica que el Concilio Judicial “no cuestionará el criterio de la conferencia anual, siempre que los requisitos del Párrafo 2549.4(b) sean invocados y seguidos debidamente, y cuenten con la aprobación de los/as miembros presentes en la sesión de la conferencia anual en la que se autoriza el cierre”.

Si bien coincidieron en que la conferencia siguió correctamente el derecho eclesiástico, cinco miembros del tribunal eclesiástico, en un voto concurrente, cuestionaron si una parte del Párrafo 2549.4(b) cumple con lo establecido en la constitución de la denominación. En concreto, el voto concurrente objetó la “facultad de discrecionalidad exclusiva” que el derecho eclesiástico otorga a la junta directiva de la conferencia para disponer de los bienes de una iglesia local antes de que la conferencia anual, en su totalidad, vote sobre su cierre.

“Consideramos que la facultad de discrecionalidad exclusiva establecida en el Párrafo 2549.4(b) constituye una delegación de autoridad ilícita que elude la potestad de la conferencia anual. Por consiguiente, a menos que el procedimiento del Párrafo 2549.4(b) relativo a la enajenación de los bienes de una iglesia local se lleve a cabo siguiendo esta secuencia: determinación del cierre, aprobación de dicho cierre por parte de los/as miembros de la conferencia anual y, solo entonces enajenación de los bienes conforme a la política de la conferencia anual, consideramos que el proceso podría ser inconstitucional y nulo en su aplicación” señaló el voto concurrente.

Entre los firmantes del voto concurrente se encuentran los reverendos Susan T. Henry-Crowe presidenta del Concilio Judicial, Angela Brown secretaria, Timothy Bruster, Taylor Denyer y Jonathan Ulanday. El Concilio cuenta en su totalidad con nueve miembros, incluidos cuatro miembros laicos; y se requieren seis votos para anular una parte de la Disciplina por considerarla inconstitucional.

El voto concurrente subrayó que en este momento, el tribunal eclesiástico no está abordando la constitucionalidad del Párrafo 2549.4(b). “La constitucionalidad, el significado, la aplicación y el efecto de las disposiciones restantes de dicho subpárrafo podrían ser objeto de una futura decisión jurídica o de una solicitud de decisión declarativa, pero esto no forma parte de la revisión de la decisión jurídica de la Obispa en este asunto…” señala el texto.

* Hahn es asistente al editor de noticias para Noticias MU. Linda Bloom es exeditora adjunta de Noticias MU y contribuyó con este reportaje. Las puede llamar al (615) 742-5470 o escribirles a newsdesk@umcom.org. Para leer más noticias metodistas unidas, ideas e inspiración para el ministerio, subscríbase gratis a UM News Digests.

** Leonor Yanez es traductora independiente. Puede escribirle a IMU Hispana-Latina @umcom.org

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