Claves:
• Al principio de su ministerio, el Rev. Bill Lawrence se desempeñó como consejero de mujeres embarazadas que consideraban sus opciones, lo que a veces significaba referirlas a servicios de aborto, si así lo deseaban.
• Bajo una nueva ley de Tejas, un/a pastor/a podría enfrentar demandas civiles por tal referencia.
• En efecto, la ley podría hacer financieramente imposible que un/a metodista unido/a continúe ofreciendo cuidado pastoral a las personas necesitadas.
Si la ley antiaborto recientemente aprobada en Tejas hubiera estado en vigor hace 50 años, mi ministerio podría haber terminado poco después de comenzar, pues podría haber enfrentado acciones judiciales civiles por las cuales mi salario anual de $5.800 no hubiera sido suficiente para financiar una respuesta legal, o podría haber dejado el ministerio porque no podía financieramente quedarme en él.
En 1971, recibí mi primer llamamiento de tiempo completo como ministro ordenado de La Iglesia Metodista Unida. Cuando serví a las comunidades del noreste de Pensilvania, conocí a varios/as pastores/as ecuménicos/as afiliados/as al Servicio de Consulta para el Clero (CCS por sus siglas en inglés) que era una red interestatal que se había originado en la ciudad de Nueva York para ayudar a las mujeres que enfrentaban lo que consideraban "embarazos problemáticos". El clero participante fue capacitado y aprobado por la organización CSS local, que ofreció información de referencia para ayudar a las mujeres a implementar las decisiones que tomaron. Allí acepté una invitación para participar activamente como consejero.
La capacitación incluyó seminarios sobre los recursos disponibles para la adopción, casas de cuidado temporal y el apoyo que podrían estar disponibles para las mujeres que optaron por convertirse en madres solteras; también incluyó una sesión con un/a prominente ginecólogo/a-obstetra local, quien discutió los aspectos técnicos de los procedimientos de aborto. Y se incluía información de referencia sobre clínicas médicas que brindaban servicios de aborto a mujeres que elegían esa opción.
Además la capacitación permitió al clero participante comprender que, independientemente de las leyes estatales, los servicios de aborto siempre están disponibles aunque no todos se llevan a cabo en instalaciones que mantienen ambientes limpios y mucho menos estériles. No todos los procedimientos médicos son realizados por parte de personal con formación médica; algunos los realizan médicos en instalaciones que carecen de los recursos adecuados para hacer frente a emergencias imprevistas mientras que otros son realizados en instalaciones médicas por personal altamente capacitado bajo el engaño de que el médico está realizando un procedimiento de diagnóstico para el cual la paciente tiene los recursos financieros adecuados para cubrir los costos en forma privada.
Las mujeres que no podían o no querían usar una de esas opciones podían encontrar información sobre CCS en folletos en clínicas, agencias de servicios sociales o en la calle; llamaron a un número de CCS y recibieron información de contacto de un miembro del clero que estaba de guardia esa semana, y luego llamaron al/la consejero/a de CCS para programar una cita.
En los años que trabajé con CCS asesoré a decenas de mujeres que enfrentaban problemas de embarazos y les proporcioné información de referencia, pero las instalaciones aprobadas que enumeramos y ofrecían abortos estaban más allá de la frontera de Pensilvania.
Nueva York tenía leyes bastante progresistas con respecto al aborto a principios de la década de 1970. Las mujeres en el área de Scranton, donde fui designado, podían conducir a Binghamton en 90 minutos y a la ciudad de Nueva York en menos de tres horas. Eso era manejable pero no simple, pues tenían que concertar una cita, hacer arreglos para no ir al trabajo o a la escuela, determinar si debían discutir todo el asunto con la pareja durante el embarazo y cómo debían hacerlo, y organizar el transporte. Algunas estaban completamente solas durante el proceso.
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Después de que la Corte Suprema dictó su decisión de enero de 1973 en Roe vs. Wade, la búsqueda de servicios de orientación y referencia de CCS disminuyó, ya que las mujeres podían dirigirse directamente a los/as proveedores/as de atención médica. Pero Tejas parece ahora ser el pionero en retroceder el calendario al menos 50 años pues si su nueva ley resiste más acciones de la Corte Suprema, permanece en vigor e impulsa a otros estados a promulgar leyes similares, las mujeres podrían enfrentar decisiones terribles, como buscar practicantes inseguros y sin licencia, cruzar varias fronteras estatales para recibir atención y es posible que necesiten recursos de asesoramiento y referencia como CCS.
La mayoría de las mujeres necesitan más de seis semanas incluso para saber que están embarazadas, y mucho menos para iniciar un proceso de toma de decisiones sobre la atención médica. Para entonces, quien se practique un aborto en Tejas será tratada como una criminal.
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Lo más amenazante de la ley de Tejas es que los/as pastores/as que brinden servicios de consejería y referencia podrían ser demandados/as por personas que no tuvieron ningún papel en el embarazo, el proceso de toma de decisiones o el ministerio que un/a metodista unido/a está autorizado/a a ejercer por los Principios Sociales de la iglesia. Cualquiera que haya visto a una mujer salir de la oficina de mi iglesia con un folleto que podría contener información de referencia sobre la atención médica a la que tiene derecho de acuerdo con la política metodista unida, podría presentar una demanda en mi contra en un tribunal civil. Las decenas de mujeres a las que asesoré podrían generar decenas de casos. En efecto, la ley en Tejas podría hacer que sea financieramente imposible para un/a metodista unido/a continuar ofreciendo cuidado pastoral a las personas necesitadas.
Por supuesto, el ministerio nunca debería tener que ver con el dinero, pero podríamos estar en un nuevo punto de inflexión en la atención pastoral, cuando se tenga que crear una versión del Servicio de Consulta para el Clero del siglo XXI. Los/as pastores/as tendrán que encontrar formas de sortear la ley, pero no podemos detener los ministerios de la iglesia solo porque algunos/as fanáticos/as en una legislatura estatal permiten que seamos demandados/as.
* Lawrence es profesor emérito de Historia de la Iglesia Estadounidense en la Escuela de Teología Perkins, Universidad Metodista del Sur, e investigador en el Centro de Estudios sobre la Tradición Wesleyana de la Escuela de Divinidad Duke. También es ex presidente del Concilio Judicial. Contacto de noticias: Tim Tanton o Joey Butler. Los puede llamar al (615) 742-5470 o escribirles a newsdesk@umcom.org. Para leer más noticias metodistas unidas, ideas e inspiración para el ministerio suscríbase gratis al UMCOMtigo.
** Leonor Yanez es traductora independiente. Puede escribirle a IMU Hispana-Latina @umcom.org
