Puntos Clave:
- Carlos Chávez, miembro de la Misión Hispana de la Iglesia Metodista Unida de North Hills en Los Ángeles y nacido en México, fue detenido el 29 de enero en la iglesia y deportado poco después.
- El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia escuchó los argumentos orales el 5 de febrero en una demanda presentada por organizaciones religiosas que alegan la inconstitucionalidad de un cambio de política de 2025 que anula una política vigente desde hace tiempo para evitar perturbaciones en iglesias y escuelas.
- Se espera que la decisión del tribunal tome aproximadamente dos meses.
El metodista unido Carlos Chávez, motivado por su necesidad de atención médica, firmó una exención que condujo a su deportación inmediata tras ser arrestado el 29 de enero en la Misión Hispana de la Iglesia Metodista Unida de North Hills en Los Ángeles, según declaró un abogado de inmigración.
Mientras tanto el 5 de febrero a 3.700 kilómetros de distancia, en Washington, un abogado quien representaba a más de dos docenas de organizaciones religiosas, incluidas cuatro metodistas unidas discutió con un abogado del gobierno federal sobre cómo la asistencia a la iglesia se estaba viendo afectada por una nueva y agresiva política del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), justificada por una orden ejecutiva del presidente Trump.
El memorando puso fin a la antigua política federal de "lugares sensibles" según la cual se ordenaba a los agentes del orden evitar perturbar el orden en lugares de culto, hospitales y escuelas, salvo circunstancias excepcionales.
Chávez, un inmigrante indocumentado de origen mexicano, es un ejemplo de las consecuencias de la nueva política. Miembro de la Misión Hispana de la Iglesia Metodista Unida de North Hills, fue detenido el 29 de enero por agentes de ICE en la iglesia mientras distribuía alimentos, y "madres, niños/as pequeños/as y jóvenes" cuidaban el jardín de la iglesia, según un comunicado de la iglesia.
“Los lugares de culto deben ser seguros para todos/as. Nuestra conferencia sintió que esa seguridad se vio comprometida el mes pasado cuando un ministerio de alimentos en la Misión Hispana de North Hills se vio afectado por el arresto de Carlos Chávez” dijo la Obispa Dottie Escobedo-Frank, de la Conferencia Anual California-Pacífico.
“El 8 de febrero cuando visité el lugar, vi una comunidad conmocionada pero valiente. Mientras caminamos juntos hacia la sanación, instamos a los/as líderes en Washington a que escuchen nuestro dolor y reconsideren la política de lugares sensibles para que todos puedan celebrar sus cultos sin temor”.
Chávez padece una enfermedad respiratoria, dijo Monalisa S. Tu’itahi, coordinadora de inmigración de la Conferencia Anual California-Pacífico, quien recibió esa información de la esposa de Chávez.
"Me dijeron que él necesitaba atención médica, y le dijeron que no, por lo que estoy segura de que eso lo llevó a firmar una exención y a buscar atención médica en Tijuana" dijo.
Según Tu’itahi, Chávez también le dijo a su esposa durante una llamada telefónica que los funcionarios de ICE creen saber dónde encontrarla. "Si no arregla su estatus migratorio, también la van a buscar. La esposa está totalmente aterrada" dijo Tu’itahi.
La hija de 21 años de la pareja, ciudadana estadounidense, puede presentar peticiones en el caso de su padre, lo que podría mejorar su situación en el futuro, añadió Tu’itahi.
Es probable que otras congregaciones experimenten experiencias similares bajo la política actual de ICE, según la denuncia presentada por las organizaciones religiosas, que afirma que los lugares de culto ya están experimentando una disminución en la asistencia.
Entre los/as firmantes de la demanda se encuentran entidades de La Iglesia Metodista Unida: la Comisión de Religión y Raza, la Conferencia Anual de Nueva York, la Conferencia Anual del Norte de Georgia y la Conferencia Anual del Oeste de Carolina del Norte. También están representadas en la demanda las confesiones menonita, metodista africana episcopal de Sión, judía, cristiana (Discípulos de Cristo), de la Iglesia de los Hermanos, episcopal, presbiteriana y unitaria.
Lo ocurrido en la Iglesia Metodista Unida de North Hills demuestra el daño causado por la política actual y por qué la demanda es necesaria, afirmó el Rev. Giovanni Arroyo, máximo responsable de la Comisión de Religión y Raza de La Iglesia Metodista Unida. “El reciente ataque de ICE a la Iglesia Metodista Unida de North Hills ha causado un profundo trauma colectivo en la comunidad, pues ingresar a la propiedad de la iglesia con máscara y armado representa una práctica inaceptable de las fuerzas de seguridad y una violación de la santidad de los espacios sagrados” declaró, y añadió que las iglesias han servido durante mucho tiempo como centros de seguridad y apoyo tanto para inmigrantes como para no inmigrantes.
“Son espacios donde las personas buscan refugio, atención espiritual y dignidad. Las acciones que infunden miedo en estos espacios sagrados socavan la confianza que se supone que deben brindar, y causan daños duraderos a comunidades ya vulnerables” afirmó.
La Obispa Dottie Escobedo-Frank vestida azul, de la Conferencia Anual California-Pacífico visitó el 8 de febrero a miembros de la Iglesia Metodista Unida Misión Hispana de North Hills en Los Ángeles. El pastor de la iglesia, Ervin Adin Aguilon, está a la derecha de la Obispa. Los/as feligreses/as afirman que quedaron traumatizados/as el 29 de enero cuando ICE irrumpió en la iglesia para capturar a Carlos Chávez, miembro de la misma, quien es inmigrante indocumentado. Foto cortesía de la Iglesia Metodista Unida Misión Hispana de North Hills.
La demanda “Iglesia Menonita de los Estados Unidos contra el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos” se presentó originalmente ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Columbia en febrero de 2025, solicitando una orden judicial para impedir que los agentes federales llevaran a cabo actividades de control migratorio en lugares de culto, y para suspender la fecha de entrada en vigor del Memorándum de Rescisión. Dicha moción fue denegada en abril de 2025 y se presentó una apelación.
“Antes de revertir una política de larga data, una agencia debe reconocer que está cambiando de rumbo, explicar razonablemente sus razones para adoptar la nueva política, considerar los intereses de confianza que la política anterior pudiera haber generado y analizar alternativas” se lee en la demanda. “El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) no intentó adoptar un enfoque tan meditado”.
Ayuda para la iglesia de North Hills
La Iglesia Metodista Unida Misión Hispana de North Hills se vio obligada a suspender su servicio de alimentos después de que agentes de ICE ingresaran a su propiedad. La iglesia creó una cuenta de recaudación de fondos para brindar asistencia de emergencia a las familias afectadas por las medidas migratorias y para ayudar a mejorar la seguridad de su propiedad.
Para donar en línea, haga clic aquí.
Debido al cambio de política, “las demandantes comenzaron a experimentar una disminución sustancial de la asistencia a sus lugares de culto” declaró la abogada Kelsi Corkran, representante de las instituciones religiosas, durante los argumentos orales del 5 de febrero ante un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito de D.C.
“Inmediatamente después de que el DHS anunciara el cambio de política, con un comunicado de prensa ampliamente difundido, explicaba que la anterior política de lugares sensibles ataba las manos de ICE y de los agentes fronterizos, mientras que la nueva política sin restricciones les daría el poder de perseguir a inmigrantes indocumentados/as en lugares de culto” declaró Corkran.
“Las demandantes presentaron docenas de declaraciones de pastores/as y rabinos que daban fe de la disminución de su asistencia y la atribuían al temor de los/as feligreses/as y participantes del ministerio a que ICE y los agentes fronterizos realizaran operativos de control en sus lugares de culto bajo la nueva política” añadió.
El abogado Michael Talent representante del DHS, argumentó que en realidad se habían producido pocas redadas en iglesias y sinagogas, argumentando que el temor citado por las organizaciones religiosas era infundado. “Afirman que estas medidas coercitivas son inminentes. Esto podría permitir la aplicación de la ley en los servicios religiosos, pero simplemente no se ha materializado” dijo Talent.
“Aún necesitan demostrar que habrá una medida coercitiva inminente en esa iglesia en el futuro, y no han aportado nada en el expediente ni han intentado aportar nada fuera del mismo ante este tribunal para demostrarlo” argumentó Talent.
Los jueces cuestionaron deliberadamente algunas de las declaraciones de Talent. "Parece un argumento interesante que el gobierno diga... estamos intensificando la aplicación de la ley en todas partes, vamos a eliminar una barrera para la aplicación de la ley en los lugares de culto, pero el tribunal debería presumir que, al hacerlo, aunque estemos aplicando la ley en todas partes, no vamos a aplicarla en los lugares de culto donde acabamos de eliminar la barrera para la aplicación de la ley" comentó un miembro del panel de tres jueces.
Talent replicó que se podría argumentar mejor si "un funcionario del DHS se presentara un día en una iglesia para arrestar a alguien". Esa persona no estaba allí y le dijeron al pastor: "Voy a regresar hasta que aparezca este sujeto". Creo que eso fortalecería mucho su caso... No tienen ese ejemplo.
La Revda. Jennifer Gutiérrez es directora ejecutiva de Clero y Laicos/as Unidos/as por la Justicia Económica, un grupo interreligioso de defensa en California que trabaja en temas de justicia económica y social. Gutiérrez, metodista unida, afirmó que la política de ICE que facilita la entrada a los lugares de culto ya ha sido "extremadamente perjudicial" para los mismos.
“La gente tiene miedo de ir a la iglesia, de adorar, de estar juntos en comunidad, de recoger comida. Conozco congregaciones que limitaron sus celebraciones comunitarias durante las fiestas por temor a que el ICE pudiera intervenir” dijo.
Las organizaciones religiosas solicitan una declaración que establezca que la nueva política viola la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa y los derechos de las congregaciones y sus miembros amparados por la Primera Enmienda, y que se anule y remita el Memorando de Rescisión de 2025.
Se espera que la decisión del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito de D.C. demore aproximadamente dos meses.
* Patterson es reportero de noticias para Noticias MU en Nashville, Tennessee. Lo puede llamar al 615-742-5470 o escribirle a newsdesk@umnews.org.
** Leonor Yanez es traductora independiente. Puede escribirle a IMU Hispana-Latina @umcom.org
