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Argumentos sobre los planes de El Camino a Seguir

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Hablando sobre las principales tareas asignadas.

El Concilio Judicial confronta cerca de 30 informes para un total de más de 400 páginas, mientras se prepara para considerar la constitucionalidad de los tres planes para lidiar con la amenaza de división en La Iglesia Metodista Unida por el cisma sobre la homosexualidad. 

Con la adopción del Plan de la Iglesia Única o en el Plan Tradicionalista, se requerirían múltiples cambios en la legislación de la iglesia, pero no necesariamente en su constitución. Sin embargo, muchos de los escritos argumentan que ciertas peticiones en esos planes violarían la constitución y, por lo tanto, tendrían que ser aprobadas como enmiendas constitucionales.

Cambiar la constitución es un gran obstáculo pues requiere el voto de dos tercios de la Conferencia General y dos tercios de los votos de ratificación en las conferencias anuales. Otros cambios a las políticas denominacionales requieren una mayoría de votos en la Conferencia General.

El volumen de los escritos recibidos de las partes interesadas es uno de los más importantes para un solo asunto del Concilio Judicial y sugiere que hay mucho en juego ya que la iglesia intenta hacer cambios que eviten una ruptura. En un informe, el Concilio de Obispos/as Metodistas Unidos/as afirma que “la presente solicitud de una decisión declaratoria puede ser el asunto más importante que el Concilio Judicial jamás haya enfrentado”.

Para leer los Informes

El Concilio Judicial no publica los escritos presentados en los casos que atiende; pero quienes los envían obtienen copias de todos los escritos de ese caso, y los pueden circular de manera gratuita. Lonnie Brooks ha recopilado y publicado informes sobre los tres planes legislativos, los cuales puede leer en este enlace. Tenga en cuenta que algunos de los escritos están en la segunda página del sitio web.

 

Los/as obispos/as pidieron al Concilio Judicial que decidiera de antemano si las peticiones en los planes de la Iglesia Única, Tradicionalista y Conferencia Conexional, todas ellas previstas para ser consideradas en la Conferencia General Especial del 23 al 26 de febrero de 2019 en San Luis, estado de Missouri, violarían la constitución de la iglesia.

La próxima reunión del Consejo Judicial se realizará del 23 al 26 de octubre en Zurich, Suiza, y la solicitud de los/as obispos/as es solo parte de un expediente completo. Las audiencias orales sobre el tema están programadas de una hora para cada plan.

Durante casi toda su historia de 50 años, La IMU ha enfrentado un conflicto sobre cómo aceptar ser homosexual. Con el cisma como una posibilidad real, la Conferencia General de 2016 acordó que los/as obispos/as formarían la Comisión “El Camino a Seguir” para visualizar los cambios en la ley y la estructura que podrían ayudar a preservar la unidad de la iglesia.

Los tres planes surgieron del trabajo de la comisión con los/as obispos/as, y la Conferencia General Especial considerará esas y cualquier otra petición juzgada en armonía con el llamado de los/as obispos/as a la asamblea legislativa especial en 2019.

El Plan de la Iglesia Única, recomendado por los/as obispos/as, daría a las conferencias de Estados Unidos, al clero y a las iglesias más libertad para ordenar a personas abiertamente homosexuales y para oficiar y albergar a las uniones entre personas del mismo sexo.

El Plan Tradicionalista retiene las restricciones de la ley de la iglesia en esas áreas y fortalece su aplicación a las violaciones, que han sido generalizadas. El plan también establece una forma de salir de la denominación para iglesias y conferencias que no puedan aceptarlo. 

El Plan de la Conferencia Conexional reorganizaría la iglesia en los Estados Unidos, en conferencias que se alinearían según la teología o la perspectiva del ministerio LGBTQ. Este plan requiere de múltiples enmiendas constitucionales y recibió poca atención en los informes.

Pero el Plan de la Iglesia Única es el blanco de varios/as escritores de informes, que la señalan como una violación de la constitución de manera amplia y estrecha. 

“Un grave error en el Plan de la Iglesia Única…. es sobre cuestiones distintivamente conexas que la Conferencia General legislaría de modo tal que permita que las conferencias anuales promulguen diversas y conflictivas disposiciones sobre el mismo tema, destruyendo así la naturaleza conexional de la Iglesia” escribió el Rev. Keith Boyette, presidente de la Iglesia. Wesleyan Covenant Association, un grupo tradicionalista no oficial en la denominación.

John Lomperis, un laico de la conferencia de Indiana y delegado a la Conferencia General, argumentó que el Plan de la Iglesia Única cambia inconstitucionalmente la doctrina de la denominación.

El Rev. Tim McLendon se centra en lo que él considera que es el ataque del plan a la naturaleza conexial garantizada constitucionalmente, y ve que el plan permite diferentes enfoques para la ordenación.

“Las conferencias anuales no pueden ordenar cuáles son los estándares mínimos para las credenciales ministeriales” afirmó en su escrito McLendon de la conferencia de Carolina del Sur. “Esa es la prerrogativa constitucionalmente protegida de la Conferencia General, que garantiza una línea de base de las expectativas de conexión del clero”. 

El obispo Kenneth H. Carter, presidente del Concilio de Obispos/as y moderador de la Comisión “El Camino a Seguir” contribuyó con un escrito de 31 páginas que responde a las objeciones constitucionales al Plan de la Iglesia Única. El Rev. Tom Berlin, un miembro de la Comisión “El Camino a Seguir”, también escribió en defensa del plan. Berlin argumentó que requerir que la Conferencia General adopte una postura moral sobre matrimonio y sexualidad equivale a una "caricatura conexial". Señaló que la ley eclesiástica que restringe la "ordenación de homosexuales practicantes" es bastante reciente y una excepción a la tradición denominacional al requerir una "prueba de fuego basada en el comportamiento" para el clero. 

Carter sostiene en un informe que "la Conferencia General determina lo que es distintivamente conexional". Argumentó además que la Conferencia General estaría dentro de la constitución el otorgar a las conferencias y a las iglesias la autoridad para tomar decisiones sobre las normas de ordenación y las uniones entre personas del mismo sexo. “No existe un problema constitucional cuando una acción está expresamente autorizada por la Conferencia General y no entra en conflicto con otras disposiciones de la constitución", escribió Carter.

El Rev. William Lawrence, ex presidente del Consejo Judicial y Lonnie Brooks, un laico de la conferencia de Alaska, abordan cuestiones más específicas sobre el Plan de la Iglesia Única. Lawrence encontró problemas constitucionales en cinco de las diecisiete peticiones del plan. Tanto él como Brooks desafiaron la propuesta de requerir la reasignación de clérigos que no pueden, en buena conciencia, continuar sirviendo a una iglesia debido a desacuerdos no resueltos sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La legislación “confisca la autoridad constitucional del/de la obispo/a" para decidir nombramientos, escribió Lawrence. Por su parte, Carter mencionó que la Conferencia General tiene la autoridad bajo la constitución de la iglesia para definir los poderes del episcopado, y agregó “En esta instancia limitada, la Conferencia General estaría promulgando tal definición del poder del/ la obispo/a al requerir una reasignación del pastor, con el/la obispo/a haciendo la designación para un nuevo cargo”.

La constitucionalidad del Plan Tradicionalista se cuestiona en un puñado de informes, incluido uno escrito por Thomas Starnes, que representa a un grupo de rectores de conferencias. Starnes señaló que sólo negocios “en armonía” con el llamado del Concilio de Obispos/as para una Conferencia General Especial están permitidos bajo la constitución de la iglesia. Él argumenta que el Plan Tradicionalista no está dirigido a preservar la unidad denominacional en medio de perspectivas diversas sobre la sexualidad humana, y por lo tanto queda fuera del llamado y la intención expresada de la Conferencia General de 2016. Pero el Rev. Tom Lambrecht, vicepresidente y gerente general de la bancada de la iglesia tradicionalista no oficial Buenas Noticias, y miembro de la Comisión “El Camino a Seguir” revisó el registro histórico de manera diferente. Él dice en un escrito que mantener la "unidad estructural" nunca fue la intención de la Conferencia General de 2016, y que el Plan Tradicionalista representa de buena fe, un esfuerzo constitucional para imaginar un nuevo camino para la denominación.

El Rev. Paul Fleck, un presbítero de la conferencia de Nueva York argumenta que las penas mínimas obligatorias del Plan Tradicionalista para los delitos imputables violan las protecciones constitucionales para el clero. El Concilio de Obispos/as, en un escrito firmado por Carter, también cuestionó la constitucionalidad de esta petición.

Brooks y Starnes se concentraron en la prolongada petición del Plan Tradicionalista que busca "implementar la responsabilidad benévola" para las conferencias y el clero que no respetarán las restricciones contra las uniones entre personas del mismo sexo o la ordenación del clero homosexual. Starnes argumentó que el Plan Tradicionalista esencial e inconstitucionalmente, busca expulsar a los miembros de la iglesia en esas conferencias.

Lambrecht, en una respuesta breve, declaró "El Plan Tradicionalista" no expulsa a nadie. Establece los requisitos que las conferencias anuales, obispos/as, pastores/as y las iglesias locales están obligados/as por el Libro de Disciplina a cumplir, y establece sanciones para aquellos que se niegan a cumplir con los requisitos establecidos adecuadamente”. En cuanto a las sanciones mínimas obligatorias, Lambrecht sostiene que la Conferencia General puede estipular la gama de opciones disponibles para un tribunal de primera instancia.

Si el Concilio Judicial debe evaluar con especificidad la constitucionalidad de las propuestas legislativas, a diferencia de las peticiones aprobadas por la Conferencia General, es otro tema de discusión en los escritos. Lawrence señaló que la constitución otorga a la Conferencia General "pleno poder legislativo" y argumenta que la alta corte de la denominación debe ser cautelosa y no entrometerse; y Carter escribió "Esperar hasta que la Conferencia General promulgue legislación para abordar su constitucionalidad puede aumentar aún más las dificultades de la denominación”.

* Hodges es un escritor para el Servicio de Noticias Metodista Unido, localizado en Dallas. Puedes contactarlo en el 615-742-5470 o newsdesk@umcom.org.

** Leonor Yanes es traductora independiente. Para contactarle escriba al IMU_Hispana-Latina@umcom.org.

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